El Gobierno español, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, está preparando un real decreto para distribuir 90 millones de euros entre las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado. Este instrumento, contemplado en la ley de vivienda, permite intervenir en los mercados de alquiler donde se detectan problemas significativos de acceso.
Las comunidades que recibirán estos fondos son Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias, las únicas cinco autonomías que hasta el momento han recurrido a esta figura para regular sus mercados de alquiler. Estas regiones han utilizado el mecanismo de los topes de precios para intentar controlar la escalada de los alquileres.
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular quedan excluidas de estos fondos. El artículo indica que el Gobierno central está priorizando económicamente a aquellas autonomías que han decidido aplicar las medidas más controvertidas de la ley de vivienda para intervenir en sus mercados de alquiler.
Este reparto de 90 millones de euros forma parte de los esfuerzos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana por incentivar y compensar a las comunidades que han tomado la decisión de declarar zonas tensionadas, un instrumento que ha generado debate por su impacto en el mercado inmobiliario y en los propietarios de viviendas de alquiler.
